Desarrollo Económico y Sostenibilidad: El Megapuerto de Chancay en la Iniciativa de la Franja y la Ruta

Por: Alonso Sifuentes Vega

La Nueva Ruta de la Seda, formalmente conocida como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Yīdài yīlù en chino, o Belt and Road Initiative - BRI en inglés), es un ambicioso megaproyecto global liderado por China. Este proyecto busca revitalizar las antiguas rutas comerciales terrestres y marítimas que conectan Asia, Europa y África. Lanzada en 2013 por el presidente Xi Jinping, la iniciativa se centra en la construcción de infraestructura estratégica, incluyendo ferrocarriles, puertos y corredores comerciales, con el objetivo de consolidar a China como un actor central en el comercio global del siglo XXI. Actualmente, más de un centenar de países participan en esta iniciativa, lo que la convierte en un símbolo del poder geopolítico y económico de China. 

El Perú se ha integrado a esta iniciativa, convirtiéndose en el último país de América Latina en adherirse, a pesar de las advertencias de Estados Unidos sobre la creciente influencia china en la región. El gobierno peruano firmó un memorando de entendimiento en Pekín, formalizando su entrada en la Nueva Ruta de la Seda. Como principal socio comercial de China en América Latina, Perú desempeña un papel crucial, especialmente a través del desarrollo del megapuerto de Chancay. Este puerto, financiado por inversión china, se perfila como un punto estratégico para las exportaciones peruanas hacia Asia, facilitando el transporte de minerales como el cobre, altamente demandado por China. La incorporación de Perú a esta iniciativa no solo fortalece su relación con el gigante asiático, sino que también lo posiciona estratégicamente en el comercio global, ofreciendo oportunidades para el crecimiento económico y una mayor integración en las cadenas de valor internacionales. 

La construcción del megapuerto de Chancay es un proyecto transformador que promete tener un impacto significativo en la economía local y nacional. Con una fecha de finalización prevista para finales de noviembre de 2024, se anticipa que atraerá inversiones importantes, incrementando el valor de la propiedad en la región de $1 a $1,000 por metro cuadrado en los últimos 15 años. Junto con el desarrollo de infraestructura complementaria, como túneles subterráneos y áreas logísticas, se espera que mejore la calidad de vida de los residentes y genere miles de empleos directos e indirectos. 

No obstante, el megapuerto enfrenta serios desafíos ambientales, particularmente en relación con el ecosistema del Humedal Santa Rosa, que es esencial para la biodiversidad y la economía local. Este humedal alberga aves migratorias y es un recurso vital para la pesca artesanal. Especialistas han señalado que la calidad del aire, el agua y el suelo podría verse comprometida, identificándose hasta 50 puntos críticos que han sido denunciados ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). El impacto social del proyecto también es considerable. Las vibraciones provocadas por las excavaciones han causado el hundimiento de viviendas y el desplazamiento de comunidades locales, generando tensiones y conflictos. Además, la llegada de nuevos trabajadores podría ejercer presión sobre la infraestructura y los servicios existentes, afectando la calidad de vida.

El sociólogo Alejandro Chirinos de la ONG CooperAcción señala que “la falta de consideración del Estado hacia los daños colaterales del proyecto prioriza el crecimiento económico sobre la protección ambiental”. A pesar de los beneficios económicos, como la reducción de costos logísticos y el establecimiento de rutas comerciales directas entre Perú y Asia, los riesgos para la salud de la población son alarmantes. La dispersión de polvo y partículas durante la construcción podría aumentar las enfermedades respiratorias, lo que haría la zona menos atractiva para nuevos inversores. El biólogo marino Antony Apeño, también de CooperAcción, advierte que “el dragado necesario para la operación del megapuerto alterará la biodiversidad en el humedal y la flora y fauna marinas”. 

Lo que hace que, el megapuerto de Chancay representa una doble cara: una oportunidad para el crecimiento económico y el desarrollo regional, pero también una serie de retos ambientales y sociales que requieren atención inmediata. Diversas organizaciones sociales han cuestionado la integridad del estudio de impacto ambiental, considerándolo incompleto y sesgado. Sin embargo, Cosco, informó que se adhiere a toda la normativa peruana, y que trabaja en proyectos a favor de resarcir el cualquier daño causado a la comunidad o al medio ambiente. 

Este puerto, también trae consigo desafíos normativos en materia de tratados, la Nota Técnica de Coyuntura Económica Agraria N.° 11-2024-MIDAGRI subraya el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China, que ha transformado el comercio bilateral, consolidando a China como un mercado clave para Perú. Con 1,400 millones de habitantes y una clase media de aproximadamente 500 millones, China es el primer importador neto de alimentos del mundo. 

Desde la implementación del TLC en febrero de 2010, las exportaciones peruanas a China han aumentado de US$ 46 millones en 2009 a cifras récord de US$ 298 millones en 2023. Productos como arándanos, paltas y uvas representaron el 64.3% del total exportado en 2023. Aunque las importaciones desde China han crecido, se concentran principalmente en productos intermedios para la industria alimentaria, alcanzando un crecimiento moderado. Las importaciones peruanas de alimentos desde China superaron los US$ 100 millones en 2021. 

Las perspectivas son alentadoras con la construcción del megapuerto de Chancay, que se proyecta como una "puerta de entrada de China a Latinoamérica." Se estima que la demanda potencial de China por productos agropecuarios peruanos podría alcanzar aproximadamente US$ 19 mil millones, lo que abre amplias oportunidades para el comercio futuro. 

Es crucial que, en el contexto de la creciente integración económica y comercial con China, se respeten los tratados internacionales que regulan la sostenibilidad y la protección de los recursos marinos. Esto no solo es fundamental para preservar la biodiversidad, sino también para asegurar que el desarrollo económico no comprometa los derechos y el bienestar de las comunidades costeras que dependen de estos recursos.