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Exsecretarias del presidente de Perú son detenidas por orden de una juez


Una juez peruana ordenó la detención preliminar, durante siete días, de diez personas, entre ellas las dos exsecretarias del presidente de Perú, Martín Vizcarra, como parte de las investigaciones de un presunto caso de corrupción que llevó a debatir un pedido de destitución del gobernante.

La decisión fue tomada por la juez Sonia Bazalar a pedido de la fiscal provincial Janny Sánchez, quien solicitó la detención de las exsecretarias presidenciales Karem Roca y Miriam Morales, así como del cantante Richard “Swing” Cisneros, implicado en presuntos contratos irregulares en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020.

Desde la madrugada de este viernes agentes de la Policía Nacional, fiscales anticorrupción y peritos del Ministerio Público participaron en operativos en las viviendas de las personas con orden de detención, entre las que se incluyó a Óscar Vásquez, ex coordinador de prensa y asesor de la Presidencia peruana, y siete funcionarios de Cultura.

PELIGRO PARA INVESTIGACIONES

El Ministerio Público informó, en un comunicado, que el pedido de detención se presentó “ante posible peligro de fuga y obstaculización del proceso”, y está a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

La decisión judicial también incluyó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones de los investigados, así como el allanamiento y registro de las viviendas de los implicados.

La fiscal, que realiza una investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible, consideró que existe el peligro de obstaculización y fuga de los implicados en este caso, que tienen “contactos de alto nivel”, y que, además, se estaría eliminando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.

DELITOS CONEXOS

La Fiscalía precisó que Morales y Vásquez también se les investiga por delitos conexos de obstrucción a la justicia, y a Roca por los delitos de ocultamiento real y falsedad genérica.

Esta investigación, sostuvo, se basa “en diversos elementos de convicción como documentos, correos electrónicos, informes periciales”, así como la declaración de un testigo en reserva y de un aspirante a colaborador de la justicia.

Agregó que Cisneros “habría sido favorecido con contrataciones directas innecesarias durante los años 2018 al 2020, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura”.

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